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Dictamen en materia de seguridad privada homóloga criterios para la operación de empresas de seguridad privada: Aleida Alavez

14 diciembre, 2020 - Prensa

· Brinda certeza tanto a los ciudadanos, a los tres órdenes de gobierno, así como a las particulares que prestan estos servicios, indicó.

La diputada Aleida Alavez Ruiz, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, señaló que el dictamen en materia de seguridad privada homóloga criterios, requisitos, coordinación y vigilancia para la operación de empresas de seguridad privada; acaba la irregularidad imperante y busca proteger derechos de miles de trabajadores que carecen de derechos laborales.

Al fundamentar el dictamen, la legisladora por Morena manifestó que esta reforma trata de brindar certeza tanto a los ciudadanos, a los tres órdenes de gobierno, así como a las particulares que prestan estos servicios; “se trata de homologar criterios, requisitos, mecanismos de coordinación y de vigilancia, evitar la aparición de empresas “patito” y de espacios para la delincuencia”.

En ese sentido, las bases del dictamen establecen que la seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios. Los fines de la seguridad pública son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social.

De igual forma, señala que la actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución.

En ese tenor, expresó que si bien es cierto que ni en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública se prevé expresamente el concepto de seguridad pública, ni el de seguridad privada, “debemos acudir a otras fuentes, tanto doctrinarias como legislativas para la construcción de conceptos relacionados con ambas materias”.

En ese sentido, Alavez Ruiz explicó que la seguridad pública tiene un carácter poliédrico pues agregó, por una parte, es función del Estado, por otra tiene fines, además que comprende diversos aspectos. Mientras que la seguridad privada también tiene un aspecto multifacético, pues es auxiliar a la función de Seguridad Pública, así como coadyuvante en determinadas situaciones, y tiene objetos determinados.

Esto dijo, “demuestra la complejidad de la materia de la seguridad pública, y la seguridad privada como su auxiliar; por lo que tomando en consideración este contexto, es que se propone, exclusivamente, la adición de una fracción al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Al respecto, expuso que “se considera viable que la nueva facultad para el Congreso de la Unión se relacione con la expedición de una Ley General, y no de una Legislación Única”.

Toda vez que, “la facultad al Congreso de la Unión para expedir la ley general en materia de seguridad privada debe establecer las reglas y la autoridad facultada para autorizar y regular a los prestadores de servicios de seguridad privada en todo el territorio nacional”.

Así mismo, fijar las reglas de coordinación entre las personas autorizadas a prestar los servicios de seguridad privada y la Federación, las entidades federativas y los municipios para la efectiva organización y funcionamiento de los prestadores de servicios de seguridad privada como auxiliares de la seguridad pública.

Además, de determinar las reglas de coordinación entre la Federación y las personas autorizadas para prestar los servicios de seguridad privada, cuando los servicios comprendan dos o más entidades federativas. Y precisar las reglas de coordinación entre la entidad federativa, el o los municipios respectivos y las personas autorizadas para prestar los servicios de seguridad privada, cuando los servicios se presten sólo en el territorio de una entidad.

Agregó que esta reforma fue construida escuchando a especialistas, servidores públicos, empresarios del ramo y un diálogo permanente con los legisladores y las legisladoras de las bancadas representadas en la Comisión y en la Cámara.

“Así logramos construir un documento que atiende la necesidad de contar con una ley general que armonice y homologue procedimientos y la coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno y los prestadores de los servicios de seguridad privada en el país”, expresó.

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